Inspección en el Naranjal y un pacto de silencio bajo sospecha marcan las horas previas al debate oral por el menor desaparecido
La justicia federal determinó la realización de una inspección ocular en la zona conocida como el Naranjal y en las inmediaciones de la propiedad de la abuela Catalina.
El procedimiento judicial cuenta con el traslado obligatorio de Bernardino Antonio Benítez, pareja de Laudelina Peña y uno de los principales imputados en el expediente por la desaparición del menor Loan Peña.
Las autoridades judiciales rechazaron de manera sistemática las peticiones formuladas por el detenido para tomar contacto con sus dos hijos durante el desarrollo de la medida en el terreno.
La fiscalía federal centra la acusación en la planificación criminal de una llamada de comunicación que Bernardino Antonio Benítez efectuó a su pareja alrededor de las 14:00 horas, tras finalizar un almuerzo donde el imputado propuso una recolección de naranjas a 600 metros del lugar.
A dicha excursión se sumaron los imputados Ramírez y Millapi, con el posterior reporte de la desaparición del menor en una zona inhóspita.
“Loan en la zona no está, Loan en la zona no se perdió, Loan en la zona no comió ningún dulce, a Loan se lo llevaron, está más claro”, aseveró José Peña, hermano de la víctima, en una entrevista concedida al cronista Rafael Palacios.
El familiar del niño de cinco años respaldó de forma total la labor investigativa desplegada por los peritos, las fuerzas federales y el personal judicial de cara al inicio del debate oral fijado para el 16 de junio de 2024.
El hermano del menor manifestó su expectativa de que los imputados terminen por quebrarse durante el juicio y revelen la verdad sobre el paradero o el destino final del niño.
La querella sostiene que existe una trama de encubrimiento y un pacto de silencio sellado entre los detenidos para protegerse mutuamente ante el avance de las pruebas indiciarias en el expediente.
Los peritajes judiciales incorporaron rastros odoríferos detectados por canes entrenados en los automóviles de los acusados una semana después del hecho, siendo el elemento probatorio central para el juzgamiento de los siete principales imputados y de otros diez procesados por entorpecimiento.
La hipótesis de un supuesto accidente vial que involucraba una camioneta Ford Ranger blanca quedó descartada en el lugar por los peritajes de campo.
Los análisis técnicos demostraron la imposibilidad física de que un niño de cinco años ingresara a pie por la densidad de espinas fuera del sendero principal, así como la inviabilidad de generar abolladuras severas en la estructura del vehículo por el impacto contra el cuerpo de un menor.
La reconstrucción en el trayecto determinó que la velocidad del rodado no superaba los 30 kilómetros por hora al momento de salir con dirección contraria al Naranjal, desestimando la versión brindada inicialmente por Laudelina Peña.
La jueza federal a cargo ratificó la decisión de mantener la libertad ambulatoria de la mujer para asegurar su comparecencia en calidad de testigo bajo juramento de decir verdad, evitando el derecho constitucional al silencio que le asistiría en condición de indagada.
La investigación judicial mantiene bajo estricta reserva las actuaciones de agentes de inteligencia en el exterior y las derivaciones sobre la supuesta participación del abogado Codazzi y del gobernador Valdés en el desvío de los primeros testimonios.
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