El plan secreto para instalar la versión del accidente y la trágica confesión de una abogada que teme por su propia vida
La estrategia judicial para clausurar de manera exprés la causa penal por la desaparición del menor Loan quedó expuesta tras revelarse una serie de maniobras de presión destinadas a instalar de forma obligatoria la hipótesis de un accidente vial.
La gravedad de la situación institucional fue confirmada de manera directa por la abogada defensora Chirigin, quien ejerce la representación técnica de Laudelina Peña y denunció haber recibido intimidaciones telefónicas por parte de sectores vinculados a los demás imputados del proceso.
“Tengo que ser muy cuidadosa porque no sé cómo estoy viva después de haber hecho semejantes cosas de haber pedido esos testigos”, confesó la letrada, manifestando el temor que padece por su integridad física tras frenar la maniobra corporativa dentro del expediente.
El conflicto se desató cuando la defensora solicitó formalmente que su asistida prestara declaración en primer término ante el tribunal, lo que provocó una reacción inmediata de otros operadores judiciales que pretendían adelantar los testimonios de los restantes detenidos para imponer la versión del siniestro automovilístico.
De acuerdo con la revelación de Chirigin, el argumento utilizado por los distintos sectores para convencerla de adherirse a la estrategia del supuesto impacto vial fue que una resolución bajo esa figura penal les convenía a todos los acusados para aliviar su situación procesal.
La abogada rechazó tajantemente la propuesta bajo la premisa de que el proceso penal debe orientarse a descubrir la verdad histórica del hecho, lo que le valió enfrentar de manera directa ocho pedidos de detención en su contra a lo largo de la etapa de instrucción.
Ante el escenario de presiones, la defensa modificó la táctica procesal y decidió postergar la declaración de Laudelina Peña con el objetivo de permitir que primero expongan otros testigos de la causa, forzando a que las explicaciones sobre la hipótesis del accidente se brinden antes del testimonio de la mujer.
La tensión dentro de la sala de audiencias escaló cuando la abogada le reclamó formalmente al presidente del tribunal por la falta de objetividad del Ministerio Público Fiscal, acusando al fiscal Raúl Garzón de plasmar apreciaciones subjetivas en la página 34 de la minuta judicial.
En dicho documento, la fiscalía plasmó de manera contradictoria que el botín del menor fue plantado por Laudelina Peña sustentado en testimonios inexistentes o que, en su defecto, la acción fue ejecutada por el imputado Benítez, una ambigüedad que viola el principio de congruencia.
Chirigin denunció además una flagrante violación al principio de indivisibilidad de las declaraciones por parte de la justicia de la provincia, debido a que el tribunal validó los dichos de la acusada respecto al plantado del calzado, pero descartó sistemáticamente sus denuncias por amenazas contra Caillaba y el comisario Maciel.
La causa sumó mayores anomalías luego de que las autoridades judiciales decidieran clausurar el acceso público a las audiencias y regresar todo el debate al secreto de sumario, interrumpiendo las transmisiones virtuales que sí se mantienen vigentes en otros juicios de carácter federal en Tucumán y Buenos Aires.
Los desajustes del cronograma oficial obligaron a suspender las declaraciones testimoniales programadas de los progenitores del menor debido a que la querella constató la total ausencia de un psicólogo o acompañante terapéutico para brindarles contención.
La parálisis del juicio oral motivó la concesión de la semipresencialidad para los abogados defensores cuyos asistidos no deban declarar de forma inmediata, mientras se espera para la próxima semana la comparecencia de la madre, el padre, su hijo Mariano, los hermanos de la víctima, la testigo Camila y la abuela Catalina.
El expediente penal sumó los cuestionamientos de los defensores Ditela y Garzón por la orfandad probatoria del caso, en medio de las sospechas que pesan sobre el rol de la Fundación Dupuy tras la filtración de filmaciones donde Ramón Dupuy autorizaba a los investigados Cañete y Nicolás Soria a intervenir con los testigos en un hotel.
El cierre de la jornada dejó al descubierto el malestar de la magistrada Penso ante la declaración del testigo Cañete, quien se dio vuelta frente al tribunal y arremetió de manera directa contra el fiscal del caso tras mencionar la existencia de supuestos regalos institucionales.
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