La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la menor de 14 años desaparecida en Córdoba, ha puesto bajo la lupa el accionar de la policía y la justicia provincial durante las primeras 48 horas de búsqueda.
El expediente liderado por el fiscal Raúl Garzón revela una serie de demoras inexplicables, sospechas en el entorno familiar del acusado y maniobras de distracción que retrasaron el hallazgo del cuerpo.
Los cuestionamientos apuntan a que las autoridades actuaron a contramano de los protocolos de urgencia para menores de edad.
Durante el domingo y el lunes posteriores a la desaparición, la atención de la cúpula policial y del Ministerio de Seguridad estuvo concentrada en el operativo del partido entre Belgrano y River, y los festejos posteriores.
Esta distracción impidió que se emitiera una alerta oficial oportuna a la población, convirtiendo el caso en prioridad recién el miércoles, cuando la presión de los medios de comunicación se volvió insostenible.
La cronología judicial demuestra que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo en el radar desde el primer momento.
El domingo 24 de mayo, un móvil policial de civil llegó a su domicilio en el barrio Cófico mientras el cuerpo de la víctima aún permanecía en la vivienda.
Sin embargo, el sospechoso fue trasladado a la unidad judicial únicamente para declarar como testigo en un trámite exprés de poco más de una hora, regresando a su casa en un vehículo oficial sin levantar sospechas en los agentes.
El registro de una cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda se convirtió en la prueba clave de la división homicidios.
Las filmaciones exponen que, tras consumarse el crimen, el imputado realizó tareas de inteligencia en su cuadra para identificar los dispositivos de vigilancia de los vecinos.
Posteriormente, utilizó la presencia de un vehículo estacionado en la zona para armar una coartada falsa ante los investigadores, asegurando que la menor se había retirado por sus propios medios en un auto rojo.
La fiscalía mantiene serias dudas sobre los testimonios de los otros cuatro adultos que habitaban la propiedad, entre ellos la pareja del acusado, Marianela Palmero, su hija de 11 años y varios inquilinos temporales como Osvaldo Faceta.
Nadie declaró haber escuchado ruidos extraños durante la noche del crimen, ni consideró sospechoso que el imputado pasara largas horas encerrado limpiando con un ímpetu inusual el baño de la vivienda.
La captura se concretó el martes por la noche mediante una maniobra coordinada entre la fuerza y el padre de la víctima, Gabriel Vega, un expolicía que ya había entrevistado al sospechoso por su cuenta.
Debido a que la orden judicial inicial no autorizaba el allanamiento de la vivienda, los efectivos solicitaron al padre que llamara al acusado para hacerle salir a la vereda bajo engaños, momento en que agentes de civil procedieron a su detención inmediata.
Las pericias telefónicas indican que el imputado contó con la colaboración de una de sus amantes, Soledad Andreani, quien le habría facilitado un automóvil Ford Ka negro para trasladar el cuerpo desde la casa de la calle Del Campillo hasta un descampado en Ampliación Ferreira.
El caso ha reactivado fuertes críticas hacia los organismos de seguridad locales, al comprobarse que el acusado contaba con antecedentes por un episodio similar ocurrido un año antes en la misma propiedad.
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