Cuando la Tragedia Se Convierte en Negocio: Las Polémicas Ocultas del Terremoto en Venezuela

Mientras Venezuela continuaba lidiando con los escombros del doble terremoto, mientras las familias buscaban a sus seres queridos bajo las ruinas, mientras los rescatistas trabajaban sin descanso para salvar vidas, algo oscuro estaba sucediendo en las sombras. Algo que transformaba el dolor en dinero, que convertía la muerte en una oportunidad de lucro, que explotaba la desesperación de las personas en su momento más vulnerable. Las denuncias comenzaron a surgir lentamente, primero en susurros, luego en gritos de indignación. Familias afectadas estaban siendo cobradas hasta seiscientos dólares solo para poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Personas que habían perdido todo estaban siendo extorsionadas por servicios funerarios. Y cuando algunos rescatistas intentaron denunciar estas prácticas, fueron arrestados. Lo que había comenzado como una tragedia natural se estaba convirtiendo en una tragedia humana de proporciones aún mayores.

Las historias comenzaron a circular en las redes sociales. Una familia en La Guaira había perdido a tres miembros en el colapso de su edificio. Habían excavado por horas, removiendo escombros con sus propias manos, hasta que finalmente encontraron los cuerpos de sus seres queridos. Pero cuando las autoridades llegaron para “ayudar” a transportar los cuerpos, algo extraño sucedió. Los cuerpos fueron llevados por funcionarios del gobierno, y luego simplemente desaparecieron. La familia no podía encontrarlos. No sabían dónde habían sido llevados. No podían hacer los arreglos funerarios. No podían despedirse adecuadamente. Los cuerpos se habían esfumado en el sistema, desaparecidos en la burocracia de la muerte.

Pero eso no era lo peor. Lo peor era que cuando las familias intentaban recuperar los cuerpos, cuando intentaban hacer los arreglos funerarios, se les decía que tenían que pagar. No era una sugerencia. Era una exigencia. Cuatrocientos cincuenta dólares era el mínimo. Para casos especiales, para niños, para personas jóvenes, el precio podía llegar hasta seiscientos dólares. En un país donde el salario promedio mensual era de apenas unos pocos dólares, donde la mayoría de las personas estaban viviendo en la pobreza absoluta, se les estaba pidiendo que pagaran cantidades astronómicas solo para poder enterrar a sus muertos.

Y no era simplemente un pago único. Era un sistema de extorsión completo. Las familias tenían que pagar por el transporte del cuerpo. Tenían que pagar por la identificación del cuerpo. Tenían que pagar por el almacenamiento del cuerpo. Tenían que pagar por los servicios funerarios. Tenían que pagar por la cremación o el entierro. Cada paso del proceso tenía un precio. Y los precios no eran establecidos por ninguna autoridad oficial. Eran establecidos por intermediarios privados, por empresas funerarias que habían ganado una especie de monopolio sobre la muerte.

Lo que fue particularmente revelador fue que estas empresas funerarias privadas parecían tener una relación especial con las autoridades. Solo ellas estaban autorizadas a realizar ciertos servicios. Solo ellas podían acceder a los cuerpos. Solo ellas podían realizar cremaciones o entierros. Era un sistema cerrado, hermético, diseñado para maximizar las ganancias a costa de las familias en duelo. Y cuando las familias intentaban hacer arreglos por su cuenta, cuando intentaban transportar los cuerpos ellos mismos, se les decía que no era permitido, que tenían que utilizar los servicios autorizados.

Pero había algo aún más perturbador. En algunos casos, los cuerpos simplemente desaparecían. Una familia había excavado y recuperado los cuerpos de tres de sus miembros. Los habían sacado de los escombros con sus propias manos. Pero cuando las autoridades llegaron y se llevaron los cuerpos “para procesarlos”, nunca volvieron a verlos. Los cuerpos se perdieron en el sistema. La familia no sabía dónde estaban. No podían hacer los arreglos funerarios. No podían tener un funeral. No podían tener un cierre. Simplemente, sus seres queridos habían desaparecido.

Las condiciones en las morgues improvisadas eran inhumanas. El puerto de La Guaira se había convertido en una morgue masiva, pero estaba completamente saturado. Los cuerpos estaban siendo apilados unos sobre otros al aire libre. No había suficientes bolsas para cadáveres, así que los cuerpos estaban siendo envueltos simplemente en sábanas viejas. El olor era insoportable. Las familias que iban a identificar a sus seres queridos tenían que soportar condiciones que eran prácticamente intolerables. Y en medio de todo esto, se les estaba pidiendo que pagaran.

Pero la extorsión no se limitaba a los servicios funerarios. Había otro esquema en marcha. Las personas que habían perdido sus casas, cuyos edificios habían sido dañados o colapsados, estaban siendo presionadas para pagar hasta dos mil dólares por los servicios de demolición. Se les decía que era necesario para “completar la demolición y limpiar” de las estructuras que habían sido clasificadas como “no habitables” por las autoridades. Pero muchas de estas personas no tenían dos mil dólares. No tenían ni siquiera doscientos dólares. Habían perdido todo en el terremoto. Y ahora se les estaba pidiendo que pagaran para que sus casas fueran demolidas.

Era un sistema de extorsión completo. Primero, el terremoto destruía sus casas. Luego, el gobierno las clasificaba como no habitables. Luego, se les decía que tenían que pagar para que fueran demolidas. Y si no pagaban, ¿qué sucedería? ¿Serían sus casas demolidas de todas formas? ¿Perderían sus derechos de propiedad? No estaba claro. Lo que era claro era que las personas estaban siendo extorsionadas, que se estaba aprovechando su vulnerabilidad, que se estaba lucrando con su sufrimiento.

Pero lo que fue más preocupante fue lo que sucedió cuando alguien intentó denunciar estas prácticas. Wilmer Cruz, el famoso “Topo de la Guaira”, el rescatista voluntario que se había convertido en un héroe durante la crisis, había estado utilizando las redes sociales para criticar estas prácticas. Había estado denunciando la falta de maquinaria pesada. Había estado criticando la ineficiencia de las autoridades. Había estado pidiendo que se hiciera más para salvar vidas. Y luego, fue arrestado.

Su detención fue breve, apenas tres días. Pero fue suficiente para enviar un mensaje claro: el gobierno no toleraría críticas, incluso en tiempos de crisis. Incluso cuando las personas estaban siendo extorsionadas, incluso cuando los cuerpos estaban desapareciendo, incluso cuando el sistema funerario estaba siendo utilizado como una máquina de lucro, cualquiera que intentara denunciarlo sería arrestado. La ubicación exacta donde estaba siendo detenido no fue revelada. Su condición de salud no fue comunicada. Simplemente desapareció del sistema público, un recordatorio de que la represión política continuaba incluso en tiempos de tragedia.

Lo que fue particularmente revelador fue la respuesta del gobierno. La vicepresidenta Delcy Rodríguez no había anunciado ningún paquete de ayuda económica para las familias afectadas. No había anunciado subsidios para servicios funerarios. No había anunciado nada que sugiriera que el gobierno estaba intentando aliviar la carga financiera de las personas en duelo. En su lugar, había silencio. Un silencio que parecía ser una aprobación tácita de los esquemas de extorsión que estaban ocurriendo.

La Asociación de Servicios Funerarios, Canadefu, había emitido un comunicado de prensa negando las acusaciones. Afirmaban que estaban proporcionando consultas gratuitas. Pero la realidad en las morgues de campaña era completamente diferente. Las familias estaban siendo cobradas. Los cuerpos estaban desapareciendo. El sistema estaba siendo utilizado como una máquina de lucro.

Lo que fue más preocupante fue que el gobierno había perdido completamente su credibilidad. Los comunicados de prensa oficiales eran ignorados. Las estadísticas oficiales eran cuestionadas. La única información que la comunidad internacional y los ciudadanos venezolanos confiaban era la que provenía de videos grabados por ciudadanos comunes, de testimonios publicados en las redes sociales, de reportajes independientes. El gobierno había perdido el monopolio sobre la información. Y en su lugar, había un caos de voces contradictorias, de denuncias, de acusaciones.

Lo que estaba sucediendo en Venezuela era un recordatorio de que las tragedias naturales no solo revelan la fragilidad de la infraestructura física. También revelan la fragilidad de la infraestructura moral de una sociedad. Revelan quién se beneficia de la tragedia. Revelan quién explota el sufrimiento de otros. Revelan qué sucede cuando las instituciones del Estado fallan, cuando la corrupción se vuelve sistémica, cuando el lucro se vuelve más importante que la dignidad humana.

Las familias que habían perdido todo estaban siendo revictimizadas. Primero por el terremoto, que les había arrebatado sus casas, sus posesiones, sus seres queridos. Y luego por un sistema que estaba intentando lucrar con su dolor. Estaban siendo obligadas a pagar para recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Estaban siendo obligadas a pagar para demoler sus casas. Estaban siendo obligadas a soportar un sistema que parecía estar diseñado para extraerles cada último dólar que pudieran tener.

Y cuando alguien intentaba denunciar esto, cuando alguien intentaba exponer la corrupción, era arrestado. Era un recordatorio de que en Venezuela, en este momento, la tragedia no era simplemente el terremoto. La tragedia era un sistema que estaba utilizando la tragedia como una oportunidad para lucrar, para extorsionar, para reprimir. Y mientras esto sucedía, las familias continuaban llorando, continuaban buscando a sus seres queridos, continuaban intentando reconstruir sus vidas en un país que parecía estar diseñado para hacerles la vida lo más difícil posible.