Lautaro: La crónica de una muerte anunciada que desnudó el abandono en el Conurbano

El reloj marcaba apenas las 7:00 de la mañana.

Para Lautaro Fabrizio Lionel Servín, de 17 años, el trayecto hacia la escuela no era solo un recorrido geográfico; era el inicio de un futuro que se estaba construyendo entre libros y sueños de adolescente.

A su lado, como cada día, caminaba su padre, Marcelo.

Lo que ninguno de los dos imaginaba es que, al doblar la esquina, la rutina se convertiría en una emboscada mortal.

El asesinato de Lautaro no es solo una tragedia individual; es el síntoma de una herida abierta en el corazón del Conurbano bonaerense, donde la vida parece valer menos que un teléfono celular o un par de zapatillas.

El instante en que la vida se detuvo

El relato de Verónica, tía de la víctima, ante las cámaras de A24, todavía resuena como un grito de impotencia.

Según su testimonio, la dinámica del horror fue rápida y despiadada.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta enduro, con los rostros cubiertos por cascos y capuchas, interceptaron a padre e hijo.

En un acto de instinto puro, Marcelo —el padre de Lautaro— intentó proteger a su hijo.

Se desplomó en el suelo, fingiendo estar herido, y lanzó un grito desesperado: “¡Corré, Lauti, corré!”.

Fue el último intento de un padre por salvar lo que más quería.

Pero el destino, o la falta de humanidad de los atacantes, tenía otros planes.

Lautaro, lejos de huir para salvar su propia vida, giró sobre sus pasos.

El instinto de hijo pudo más que el de supervivencia: volvió para intentar levantar a su padre.

Fue en ese momento cuando la tragedia alcanzó su punto más oscuro.

Uno de los delincuentes, al ver que sus víctimas aún se movían, soltó una sentencia que hiela la sangre: “Matalo, matalo, los hijos de puta siguen vivos”.

Acto seguido, dos disparos a quemarropa en la espalda del joven sellaron el desenlace.

Un sistema que falla en todos sus niveles

Más allá del dolor desgarrador de la familia, el caso de Lautaro ha encendido una mecha de indignación entre los vecinos y la comunidad educativa de Almirante Brown.

Las denuncias no apuntan solo a los ejecutores materiales del crimen, sino a una estructura de seguridad que, en la práctica, parece haber desaparecido.

Los testimonios recolectados en el lugar del hecho son lapidarios:

1. La ausencia de patrullaje: Los vecinos aseguran que la policía es una figura ausente cuando se trata de prevenir delitos, pero muy presente cuando se trata de exigir “coimas” a los pequeños comerciantes de la zona.
2. La negligencia en la emergencia: El tiempo de respuesta de las ambulancias fue inexistente.Lautaro no murió en un hospital tras recibir atención médica; murió esperando una ayuda que nunca llegó a tiempo.Fue un vecino, en un acto de solidaridad desesperada, quien tuvo que trasladarlo en su vehículo particular.
3. Infraestructura de cartón: ¿De qué sirven las “paradas seguras” si no funcionan? ¿Para qué existen las cámaras de seguridad en la avenida Rivadavia si, en el momento crítico, no graban o están fuera de servicio? La comunidad había pedido una garita de seguridad frente al colegio, una solicitud que fue ignorada por las autoridades locales.

El grito de una generación

“Queremos ir a la escuela en paz”.

Ese es el cartel que hoy levantan los compañeros de Lautaro.

La pregunta que flota en el aire, y que nadie parece querer responder, es por qué un joven debe morir para que el Estado se digne a mirar hacia un barrio.

El caso ha puesto en la mira al gobernador Axel Kicillof y a la cúpula de seguridad provincial.

La exigencia de justicia no es solo un pedido de condena para los asesinos —que al momento de redactar este informe siguen prófugos—, sino un reclamo estructural: el fin de la impunidad.

¿Hasta cuándo?La muerte de Lautaro Servín es una mancha más en la historia reciente de la inseguridad en Argentina.

Mientras los políticos debaten números y estadísticas, en la calle, la realidad es que dos delincuentes en una moto pueden decidir quién vive y quién muere con total impunidad.

La pregunta que queda para el lector, y que debería interpelar a cada funcionario responsable, es simple pero devastadora: ¿Quién será el próximo?

La justicia para Lautaro no devolverá al joven a los brazos de su padre, pero es el único camino posible para que su muerte no se convierta en una estadística más.

La sociedad está cansada de promesas vacías; lo que hoy se exige, con lágrimas en los ojos y el puño en alto, es que la vida de los ciudadanos deje de ser una moneda de cambio en un territorio donde el Estado ha decidido, tácitamente, mirar hacia otro lado.