El giro definitivo que sepulta a los implicados en el horror y el pacto de impunidad que un fiscal logró desmantelar
El miércoles primero de julio se convirtió en el punto de inflexión definitivo para la causa penal que investiga el femicidio de la adolescente Agostina Vega, de 14 años, ocurrido en la provincia de Córdoba.
El fiscal de instrucción Raúl Garzón firmó los autos de prisión preventiva para tres de los cuatro detenidos en el expediente, una resolución técnica que clausuró formalmente la etapa de recolección de pruebas y decretó el avance irreversible de la causa hacia la instancia de juicio oral y público.
La medida restrictiva recayó de manera directa sobre Claudio Barrelier, Osvaldo Faceta y Soledad Andreani, al consolidarse un cuadro probatorio calificado por el abogado querellante Carlos Nashi como copioso y potente para sostener una futura condena en el debate.
Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima, permanece bajo la condición de imputado principal por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, por criminis causae y por mediar violencia de género.
La fiscalía desestimó la figura de ensañamiento que replicaron erróneamente diversos portales informativos, fijando la acusación en el agravante de criminis causae debido a que el imputado ejecutó el asesinato de forma funcional con el único objetivo de ocultar el abuso sexual previo y garantizar su impunidad.
El cuadro delictivo determinó que Claudio Barrelier y el inquilino de la propiedad, Osvaldo Faceta, fueran trasladados durante la madrugada del viernes 3 de julio, a las 3:00 de la mañana, desde el complejo de Bouwer hacia el complejo carcelario de Cruz del Eje, una unidad de máxima seguridad ubicada a más de 150 kilómetros de la capital provincial donde se encuentran bajo monitoreo permanente las 24 horas del día.
El traslado provocó la reacción inmediata del defensor de Osvaldo Faceta, el abogado Eduardo Medina Yende, quien presentó un recurso de oposición contra la prisión preventiva argumentando que la acusación fiscal se basa en meras conjeturas y que no existe prueba directa que vincule a su cliente con el conocimiento del homicidio.
La resolución de dicha apelación técnica quedó postergada debido al inicio de la feria judicial de invierno, estipulada en la provincia de Córdoba desde el 6 hasta el 20 de julio.
La acusación contra Osvaldo Faceta se sostiene en los registros telefónicos que demuestran que el hombre mantuvo contactos constantes con Claudio Barrelier para desviar la investigación penal mientras la familia realizaba la búsqueda desesperada de la menor.
Soledad Andreani enfrenta el proceso bajo la imputación de encubrimiento agravado por ser la propietaria del automóvil Ford Ka de color negro utilizado por el femicida para trasladar el cuerpo descuartizado de la adolescente hasta un descampado del sector de ampliación Ferreira, una semana después de su desaparición ocurrida el 23 de mayo.
La fisonomía de la banda criminal sumó un nuevo foco de investigación luego de que la Fuerza Policial Antinarcotráfico allanara un local comercial denominado “Guachitas”, un bar administrado por Soledad Andreani donde se incautó material informático de relevancia.
Si bien el fiscal Raúl Garzón ratificó que el femicidio no se perpetró en ese establecimiento, el procedimiento derivó en la apertura de dos causas penales independientes en fiscalías especializadas al descubrirse indicios de comercialización de estupefacientes y delitos contra la integridad sexual en el entorno de los sospechosos.
La cuarta detenida del caso, Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, evitó la prisión preventiva provisoriamente por estrictas razones procesales tras haber sido capturada el pasado 25 de junio.
La mujer fue trasladada a la sede judicial el jueves 2 de julio para cumplir con la declaración indagatoria obligatoria, una instancia donde se negó a declarar y se abstuvo de responder las preguntas del fiscal, manteniendo la imputación de encubrimiento agravado bajo la asistencia técnica de su abogado, Alberto Jaime Felstina.
La situación procesal de la mujer se encuentra ligada al peritaje de un mensaje de texto telefónico donde ella le preguntó a Claudio Barrelier la frase: “¿Qué fue ese grito?”, lo que comprueba que escuchó los pedidos de auxilio de Agostina Vega en el interior del domicilio de barrio Cofico.
La madre de la menor, Melisa Heredia, fue aceptada formalmente como parte querellante en la causa y denunció de forma pública la existencia de un trasfondo de complicidad al señalar al exconcejal peronista y abogado Ricardo Moreno, afirmando que Claudio Barrelier se desempeñaba como su custodio personal y que este le financiaba las fianzas y los delitos.
A pesar del señalamiento materno, el abogado Carlos Nashi aclaró que la línea de investigación sobre Ricardo Moreno no forma parte del caudal probatorio del femicidio y carece de elementos de cargo, motivo por el cual el exfuncionario se encuentra actualmente en la ciudad de Miami sin ningún tipo de restricción legal para salir del país.
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