Errores inexplicables y nulidades inminentes: el juicio por la desaparición de Loan se desmorona en Corrientes
El debate oral y público por la sustracción de Loan ingresó en una etapa de máxima tensión tras revelarse graves falencias en la investigación inicial que amenazan con dejar el caso en la impunidad.
El proceso judicial, que interrumpió sus actividades por la feria de invierno y retomará su décima audiencia el próximo 28 de julio, podría sufrir un cambio de sede clave, abandonando el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional para trasladarse a la sede original del Tribunal en el centro de Corrientes.
Las últimas audiencias resultaron devastadoras para la acusación debido a la declaración de una testigo clave que pertenece a la propia fuerza de seguridad provincial.
Se trata de una sargento de la policía de Corrientes, hermana de María (la madre de Loan), quien al momento de la desaparición prestaba servicios en la comisaría de 9 de Julio bajo el mando del comisario detenido Walter Maciel.
Esta agente civil y tía de la víctima reconoció ante el tribunal haber acudido a la vivienda de su hermana para secuestrar prendas del menor con el objetivo de abastecer a la División Canes de Paso de los Libres en la búsqueda inicial.
El escándalo estalló cuando la mujer policía admitió que extrajo un jogging directamente de un cesto de ropa sucia, mezclado con prendas de los padres y hermanos del niño, lo que provocó una contaminación inmediata de la muestra de olor.
Por si fuera poco, la testigo confesó que transportó dicha prueba en una bolsa de residuos común, sin utilizar los elementos de bioseguridad requeridos, y admitió que jamás labró el acta de secuestro correspondiente ni cumplió con las formalidades legales de la cadena de custodia.
Esta grave negligencia en el manejo del material biológico afectó de manera directa el trabajo de los perros rastreadores sobre los vehículos secuestrados al matrimonio compuesto por Carlos Pérez y Victoria Caillaba.
Aquellos peritajes sobre la camioneta y el automóvil Ford Ka, que inicialmente dieron un resultado positivo respecto al rastro del menor, carecen ahora de un sustento legal firme.
Durante las jornadas de rastrillaje, los animales experimentaron lagunas conceptuales, perdiendo el rumbo a mitad de camino en el monte debido a la deficiente calidad del estímulo olfativo provisto.
Frente a este escenario, los abogados defensores de Carlos Pérez y Victoria Caillaba basarán sus alegatos finales en un pedido formal de nulidad absoluta sobre la prueba de los canes, argumentando la inexistencia del acta de secuestro de las ropas.
La estrategia de la defensa técnica también apunta contra los peritajes realizados sobre el guardabarros delantero derecho de la camioneta del matrimonio, donde se detectó una muestra de sangre masculina que no pudo ser identificada de forma fehaciente debido a su degradación.
Los defensores alegarán la invalidez de este indicio tras denunciar que tanto el automóvil como la camioneta permanecieron estacionados en la puerta de la comisaría durante uno o dos días sin las fajas de seguridad correspondientes, violando la cadena de custodia.
Por otra parte, el tribunal analizó el hallazgo de la huella en la denominada zona cero, determinando que los tapones marcados en el barro no coinciden con la morfología del calzado secuestrado.
La fiscalía sostiene la hipótesis de que dicho botín fue plantado deliberadamente en el terreno por Laudelina (tía de Loan), en complicidad con su hija Macarena, simulando un rastro falso en medio de la maleza.
A pesar de los cuestionamientos técnicos que amenazan con derribar el andamiaje probatorio, la fiscal federal Tamara Purcel, quien lidera la acusación junto a Carlos Shaffer, calificó el balance de estas primeras cuatro semanas de debate como positivo.
“Alguien lo llevó y eso es lo que seguimos sosteniendo y eso es lo que vamos evidenciando en cada testimonio”, afirmó la funcionaria judicial, destacando el valor emotivo de las declaraciones de María y José (los padres del menor), así como de sus hermanos.
Tamara Purcel también hizo referencia a la intervención de los integrantes de la denominada Fundación Dupuy en el hotel donde se alojaron los testigos, señalando que se evidenció la vulnerabilidad de Camila y Macarena, quienes convivieron con personas que se hacían pasar por profesionales de la salud mental y la abogacía sin tener las credenciales correspondientes.
Hasta el momento, los principales imputados, incluidos Laudelina y Benítez, han optado por mantener un estricto derecho al silencio tras el colapso de la teoría del accidente que intentó instalarse en las primeras etapas del expediente.
El hermetismo de los acusados, quienes llevan dos años bajo prisión preventiva, neutraliza las expectativas de la fiscalía de obtener una confesión espontánea durante las próximas rondas de declaraciones.
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